Reportaje

Perspectivas medio ambientales

DESDE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Con la creación del Ministerio de Medio Ambiente el año 2010, han sido varias las materias que hoy en día están siendo reguladas y que anteriormente no tenían cabida. Tanto autoridades de gobierno, académicos y el mundo empresarial tienen su propia visión respecto a lo ya realizado en esta materia en la actualidad y a futuro. 

El Ingeniero Químico y ex seremi de Medio Ambiente de la región del Biobío, Richard Vargas, comentó que durante su gestión, el Ministerio de Medio Ambiente impulsó 14 planes de descontaminación a nivel nacional, de los cuales 3 se desarrollaron en nuestra región. Comenta que en nuestra zona, al poseer un alto porcentaje de industrias, 33 en total, que muchas de ellas están radicadas en la provincia de Concepción y 8 en la comuna de Coronel, “ la Región del Biobío tiene un tercio de todas las empresas que pagan impuestos verdes y su volumen de emisiones que las hacen estar dentro de esta gran ley de Reciclaje que generó el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Destaca que las industrias de la celulosa han dado un salto cualitativo, al incorporar la valorización energética en mucho de sus residuos forestales, tales como el aserrín y corteza que fueron aprovechados, “hoy en día cuando se revisa balances de la celulosa, uno se da cuenta que las utilidades se obtienen de la cogeneración energética que tienen las plantas de celulosa”. Sin embargo, Vargas señala que el tema de la generación de olores continúa siendo materia pendiente. 

Respecto a la educación ambiental, el ex seremi hace hincapié en el trabajo realizado en la formación de los niños, destacando que hoy nuestra región cuenta con el mayor número de establecimientos certificados ambientalmente, “el interés era muy alto. Nosotros terminamos con 339 colegios certificados ambientalmente y eso representa el 35% de los colegios a nivel país. Vamos a tener una generación de niños que va a pensar en Medio Ambiente”. Otra de sus labores relevantes tienen relación con la conservación de la Biodiversidad, poniendo en la mesa la Estrategia Regional de Desarrollo y Conservación de Biodiversidad, a través de un programa de ecosistemas lacustres de biodiversidad, extendiendo su atención hacia los humedales costeros. Richard Vargas hace hincapié en que los efectos del cambio climático ya están aquí y este debe ser un tema transversal, “la pregunta es, qué podemos hacer, hoy nadie puede quedar ajeno. Es un tema que debe aparecer en la mesa por encima de las cosas políticas”. Ley 20.920 y sus implicancias La Ley 20.920, conocida como ley REP, establece los lineamientos para la “Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida al Productor y el fomento al reciclaje”. Es un marco legal que, potencialmente, pone los incentivos adecuados para una correcta gestión de los residuos, estableciendo obligaciones a los diferentes actores en el ciclo de vida de los residuos.

La jefe de Carrera de Ingenieria Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, Dra. Patricia González, comenta que dicha ley surge como respuesta a las tendencias internacionales para reducir la presión sobre los recursos naturales mediante una transformación del modelo lineal de producción-consumo a un modelo de economía circular. “El concepto de economía circular plantea la necesidad de cambiar el modelo actual basado en producir productos, consumirlos y eliminar sus desechos, por uno en que se reduzcan, reutilicen y reciclen los residuos que se generan en las diferentes fases de la producción y el consumo”. 

Asimismo, destaca que este tipo de iniciativas legales es un componente esencial para facilitar la transición desde un modelo de producción-consumo lineal, a uno de economía circular, y están siendo implementadas en más de 40 países, incluyendo a la Unión Europea, EEUU, Canadá, Brasil, Australia, Sudáfrica, India, Japón, Corea del Sur, entre otros. En Europa, ello ha permitido elevar la tasa de reciclaje de 25% en el año 2000 a 42% en 2013. La académica plantea que las tasas en materia de reciclaje son aún muy bajas, “En Chile la tasa de reciclaje es inferior al 10%, existiendo además una creciente presión para reducir la cantidad de residuos que se generan ya que la capacidad de los rellenos se ve disminuida con el tiempo y resulta cada vez más difícil encontrar lugares aptos y aceptables para la instalación de nuevos sitios de disposición”. Gonzalez señala que la Ley 20.920 fue promulgada en Mayo de 2016 y está en pleno proceso de implementación, faltando aún la promulgación de varios reglamentos que permitan su plena aplicación. Hasta la fecha, se han promulgado los decretos supremos que regulan el procedimiento de elaboración de los reglamentos asociados a la ley REP, así como el de los fondos que permiten financiar proyectos, programas y acciones desarrollados por las municipalidades y asociaciones de municipalidades. Además, se cuenta con reglamentos que regulan el movimiento transfronterizo de residuos y el que modifica el sistema de registro de emisiones y transferencia de contaminantes.

A pesar de todos estos avances, destaca que aún falta un punto clave en la implementación de la ley, el cual es el Decreto Supremo que establece las metas de recolección y revalorización, y otras obligaciones asociadas a los productos prioritarios, tales como, etiquetado, información a distribuidores, comercializadores, gestores y consumidores, tarifas correspondientes al costo de la gestión de residuos, roles y responsabilidades correspondientes a los distintos actores involucrados, etc. Como un aspecto positivo, subraya que es importante también destacar que el potencial de generación de empleo es significativo, ya que se requieren recolectores y profesionales que participen en todo el proceso de revalorización de los residuos. “Se estima que actualmente existen en Chile más de 60 mil recicladores de base, para quienes la nueva ley ofrece una interesante oportunidad para transformarse en gestores. En este contexto, los productos prioritarios incluidos en la Ley 20.920 incluyen los aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas, ofreciendo así una amplia gama de oportunidades para revalorizar residuos con un interesante potencial económico”.

La académica señala que existen varios desafíos tecnológicos y culturales que surgen en relación con el éxito de esta iniciativa legal. “En primer lugar, se debe reinventar el mercado de los residuos y productos reciclados, a través de diseños innovadores, que satisfagan necesidades de consumo a precios competitivos”. Sin embargo y coincidiendo con la visión del ex seremi de Medio Ambiente, uno de los pilares fundamentales es lograr un profundo cambio cultural en la población y en las empresas, de modo que opten por modalidades de consumo que minimicen la cantidad de desechos y maximicen la tasa de reciclaje de los residuos generados, ”la educación ambiental en todos los niveles de la sociedad está llamada a jugar aquí un papel fundamental, constituyendo una responsabilidad que recae tanto en el Estado como también en las empresas”. 

Finalmente, según González se debe tener presente que Chile es un país altamente centralizado y heterogéneo, no sólo en sus aspectos geográficos y de infraestructura, sino que también a nivel socio-económico y cultural. Por lo tanto, las metas de reciclaje e incentivos económicos deberán tomar en cuenta dicha realidad, para que la implementación plena de la ley REP tenga los beneficios ambientales, económicos y sociales esperados en todo el territorio nacional.